El expresidente Donald Trump se presentó el 13 de junio a una corte federal en Miami para enfrentar 37 cargos en relación a la investigación de los documentos clasificados encontrados en su propiedad Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Antes de eso, el 12 de junio, Trump habló con la periodista Carinés Moncada, en una entrevista para Americano Media, un medio conservador centrado en la comunidad hispana en los Estados Unidos. 

Trump habló no solo del caso federal, sino también sobre la relación de Estados Unidos con países latinoamericanos y el empleo de los latinos. 

Contextualizamos tres declaraciones que hizo Trump durante la entrevista del 12 de junio.

Trump: La Ley de Archivos Presidenciales "me permite mantener los documentos negociados previamente con los Archivos Nacionales".

Esto es incorrecto.

Esa ley exige que todos los documentos sean devueltos a los Archivos Nacionales tras la salida de un presidente. Y no creó un proceso de negociación por el que los ex presidentes puedan elegir qué documentos conservar y cuáles pasar al gobierno.

La ley impuso protocolos que dictan cómo los presidentes deben mantener los documentos de sus administraciones. También estableció que los expedientes presidenciales le pertenecen al gobierno federal.

El expresidente Jimmy Carter firmó la Ley de Archivos Presidenciales en 1978, aplicable a todos los archivos recibidos o creados después del 20 de enero de 1981. La ley se basaba en la legislación previa que el Congreso aprobó en 1974 para impedir que el expresidente Richard Nixon destruyera cintas relacionadas con el escándalo Watergate.  

Trump: "Bill Clinton ganó un caso muchos años atrás. Ellos lo llaman el caso de los calcetines, porque supongo que sacaron cosas de sus calcetines y el juez dictó un veredicto a favor de Clinton, de que él podía quedárselos".

Durante su presidencia, Clinton fue entrevistado docenas de veces por el historiador Taylor Branch para crear un historial oral de su presidencia desde 1993 hasta el 2001.

Varios medios de comunicación escribieron que Clinton mantuvo las cintas de audio en su gavetero de calcetines. En el 2009, Branch publicó un libro llamado, "The Clinton Tapes: Wrestling History with the President".

Un grupo conservador llamado Judicial Watch demandó a los Archivos Nacionales y la Administración de Récords en el 2010, pidiéndole a la corte que declarara las cintas de audio como récords presidenciales según la Ley de Archivos Presidenciales. El grupo quería que los Archivos Nacionales asumieran la custodia de las cintas y que las pusieran en la librería presidencial de Clinton.

Pero la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Amy Berman Jackson desestimó el caso. Ella dijo que la ley distingue entre los récords oficiales presidenciales y los récords personales.

Jackson escribió que  la ley describe documentos que no se relacionan con el desempeño de funciones oficiales como "récords personales", tal como materiales de documentales y diarios. 

En el caso de Trump, él está siendo acusado de retener información sobre la defensa nacional. La Ley de Espionaje prohíbe la posesión no autorizada de información relacionada con la defensa nacional que pueda ser usada para dañar a los Estados Unidos. 

Trump: "Se trata de un doble estándar".

Diversos expertos dijeron a PolitiFact que las dos situaciones son similares en algunos aspectos, pero sólo hasta cierto punto.

El 2 de noviembre de 2022, los abogados del presidente Joe Biden descubrieron aproximadamente una decena de documentos, algunos de ellos clasificados, en una oficina que Biden ocupó después de su vicepresidencia en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement de la Universidad de Pensilvania, en Washington, D.C.

La Casa Blanca también confirmó que en el domicilio de Biden en Wilmington, Delaware se había encontrado un pequeño número adicional de documentos con marcas de clasificación. Los abogados de Biden han dicho que están cooperando con el Departamento de Justicia.

El FBI registró el complejo Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Florida en agosto de 2022 e incautaron al menos 12 cajas que contenían materiales con marcas de clasificación. La incautación se produjo después de un esfuerzo de 19 meses para recuperar los documentos.

"Tanto el señor Trump como el presidente Biden tenían documentos con marcas de clasificación almacenados en lugares no autorizados mientras eran ciudadanos privados", dijo Bradley Moss, un abogado de Washington D.C., que trabaja en casos de seguridad nacional. 

Pero Moss y otros expertos dijeron que otros aspectos de los casos son marcadamente diferentes, al menos en base a lo que se conoce públicamente hasta ahora.

Moss dijo que el equipo de Biden notificó al gobierno inmediatamente después de localizar los documentos y los devolvió al control gubernamental. Sin embargo, el equipo de Trump hizo lo contrario.

"El equipo de Trump una y otra vez retrasó, procrastinó y ofuscó los esfuerzos de los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia para recuperar los registros en Mar-a-Lago", explicó Moss. Incluso llegaron a presentar una declaración jurada al Departamento de Justicia de uno de los abogados, afirmando falsamente que no había más registros. "Había, por supuesto, más registros, como reveló la ejecución de la orden de registro", detalló Moss.

Según los expertos, el extravío accidental de documentos clasificados después de prestar servicio en la administración no tiene porqué constituir un delito. Los casos que se procesan tienden a ser violaciones intencionadas y a sabiendas. 

En este punto, Biden dijo que el descubrimiento fue una sorpresa. El escrito de acusación de Trump no argumenta porque el expresidente retuvo los documentos.  Trump está acusado de 31 cargos de "retención voluntaria" de documentos. Debajo de esta provisión, quien "falla de entregarlo a un oficial o empleado de los Estados Unidos autorizado a recibirlo" puede ser multado o incluso encarcelado si es hallado culpable.

Existe otra gran diferencia entre los dos casos.

Debido a que ahora ejerce como presidente, "Biden no puede ser procesado mientras está en el cargo", dijo James Robenalt, un abogado de la firma Thompson Hine que ha estudiado los escándalos legales del gobierno que se remontan a Watergate en la década de 1970. Trump, como ciudadano convencional, sí puede ser procesado.

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